El impago copa el 97,6% de las incidencias del alquiler en Aragón
Un informe del sector cifra en 1.446 euros el coste medio por expediente para el arrendador en Aragón, por debajo de la media nacional de 2.430 euros.

El retraso o la falta de pago de la renta concentra prácticamente todos los conflictos que se registran en los contratos de alquiler gestionados en Aragón. Según un informe de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) correspondiente al tercer trimestre de 2026, el impago supuso el 97,6% de las incidencias contabilizadas en la comunidad, por encima de la media española, situada en el 96,8%. Los datos los ha difundido Aragón Digital.
Con ese porcentaje, Aragón se coloca en la novena posición entre las comunidades autónomas con mayor peso de este tipo de incidencias. Conviene matizar el alcance de la cifra: no habla del conjunto del mercado del alquiler, sino de la cartera de contratos que gestiona esta compañía especializada en garantizar rentas, y describe qué tipo de problema aparece cuando algo se tuerce en un contrato.
Cuánto le cuesta al propietario
El impacto económico medio por expediente en Aragón es de 1.446,24 euros, una cantidad notablemente inferior a los 2.430 euros de media en el conjunto de España. La comunidad ocupa el decimocuarto puesto en coste, lo que apunta a incidencias que, de media, se resuelven con menos mensualidades acumuladas o rentas más bajas que en los grandes mercados del litoral y Madrid.
El informe sitúa la renta media de la vivienda garantizada en Aragón en 798 euros mensuales, un 8,6% más que un año antes. Es un dato que encaja con la tendencia general de encarecimiento del alquiler, especialmente intensa en la ciudad de Zaragoza, donde se concentra la mayor parte de la oferta residencial de la comunidad.
Otro factor que explica el coste es el tiempo. A escala nacional, el periodo medio de recuperación del inmueble desde que se produce el primer impago ronda los 278 días, algo más de nueve meses. Durante ese plazo se van sumando mensualidades pendientes, suministros y gastos asociados al expediente.
Acuerdos frente a juzgados
El estudio subraya que la mayoría de los casos no acaban ante un juez. En el conjunto de España, el 91,8% de las viviendas recuperadas se resolvió mediante entrega voluntaria o acuerdo entre arrendador e inquilino, mientras que solo el 8,2% requirió acudir a la vía judicial. La conclusión que extrae la empresa es que intervenir desde el primer incumplimiento abarata el conflicto y evita procedimientos largos.
«El riesgo de impago y la dificultad para recuperar el inmueble se han convertido en factores decisivos para muchos propietarios a la hora de poner una vivienda en alquiler», afirma Pedro Bretón, consejero delegado de SEAG. En su opinión, en un contexto de oferta escasa y precios al alza, cargar todo el riesgo sobre el arrendador alimenta la desconfianza y puede retirar viviendas del mercado. Propone reforzar el estudio de solvencia previo, actuar ante el primer impago y mantener garantías durante toda la vigencia del contrato.
El contexto zaragozano
El diagnóstico llega en un momento de tensión evidente en el mercado residencial de la ciudad, donde el alquiler se lleva una parte creciente de los ingresos de hogares jóvenes y de familias con un solo sustentador. Informes sociales recientes ya habían advertido de que la vivienda de alquiler golpea a las familias monoparentales en Aragón.
Las cifras de SEAG reflejan la perspectiva del propietario; el otro lado de la ecuación, el de quien no llega a fin de mes para pagar la renta, no aparece en este tipo de estudios. Ambas caras describen el mismo problema de fondo: un mercado estrecho y caro en el que un impago puede arrastrar a dos partes durante casi un año.
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Elaborado a partir de información publicada por Aragón Digital · Fuente primaria: documento original