Nueve meses de cárcel por agredir a la sanitaria que fue a socorrerla en Zaragoza

Una mujer ha sido condenada a nueve meses de prisión por agredir a la técnica de emergencias sanitarias que acudió a auxiliarla después de encontrarla tirada e inconsciente en una calle de Zaragoza. La Audiencia Provincial considera probado que el ataque fue gratuito y desproporcionado y descarta que el consumo de alcohol sirva para librarla de responsabilidad, según ha adelantado Heraldo de Aragón.

Qué ocurrió

Los hechos se remontan al 9 de septiembre. Una sanitaria se disponía a atender a la mujer, que se encontraba en el suelo en plena vía pública y sin conocimiento, cuando esta reaccionó con violencia contra quien intentaba prestarle asistencia. En el episodio resultó lesionado también un agente del Cuerpo Nacional de Policía que intervino.

Según el relato recogido en la sentencia, la mujer salió corriendo al ver llegar a la Policía e intentó ocultarse en el portal de un edificio, aunque fue localizada y detenida poco después.

La condena

El tribunal la condena por un delito de atentado a la autoridad y dos delitos de lesiones, con una pena de nueve meses de cárcel y el pago de 210 euros en multas. Los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones tienen la consideración de agentes de la autoridad, lo que agrava jurídicamente las agresiones que sufren durante una asistencia.

La defensa había solicitado que se aplicara una eximente completa por el estado en el que supuestamente se encontraba la acusada, una tesis que la Audiencia Provincial rechaza. Para el tribunal, la posible ingesta de alcohol no justifica una agresión contra quien se había acercado precisamente a socorrerla.

Un problema que se repite

Las agresiones a personal sanitario son una preocupación recurrente en el sistema de salud. Afectan especialmente a quienes trabajan en la primera línea de la atención urgente —técnicos de emergencias, personal de ambulancias, profesionales de urgencias hospitalarias y de los centros de salud—, que intervienen en situaciones de tensión, con pacientes alterados o bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, y muchas veces en la calle, sin control de acceso ni vigilancia.

La consideración de los sanitarios como agentes de la autoridad, reconocida en la legislación penal y asumida por los tribunales, busca precisamente endurecer la respuesta ante estos casos y lanzar un mensaje disuasorio. Los sindicatos y los colegios profesionales insisten además en la importancia de que los episodios se denuncien siempre, porque buena parte de las agresiones —sobre todo las verbales y las amenazas— no llegan nunca a registrarse.

En este caso, la resolución judicial subraya que la víctima estaba cumpliendo con su trabajo y que su único propósito era atender a una persona que se encontraba inconsciente en la calle. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.