La sanidad privada gana peso en Aragón: 623 euros de gasto por habitante

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) ha publicado un informe que repasa, servicio por servicio, cómo se abre paso la gestión privada dentro del sistema sanitario aragonés. El documento, elaborado a partir del duodécimo estudio estatal de la FADSP presentado el 7 de octubre, incluye referencias concretas a la ciudad de Zaragoza: derivaciones de urgencias a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), pruebas cedidas en el Sector I y convenios con el Hospital San Juan de Dios. La información ha sido difundida por AraInfo.

Qué dice el índice de privatización

Aragón figura con 22 puntos en el índice que elabora la federación estatal, empatado con Galicia y por encima de la media de los territorios analizados. La puntuación baja respecto a los 24 puntos de 2025, pero sigue por encima de los 17 de 2014. Conviene leerlo con cautela: no mide euros privatizados, sino que combina indicadores de seguros, gasto de bolsillo, conciertos, camas y tecnología privadas, concesiones administrativas y dedicación exclusiva del personal. En la clasificación estatal, Madrid encabeza la lista con 34 puntos, seguida de Baleares y Cataluña con 28.

Conciertos y servicios externalizados

El presupuesto autonómico de 2025 destinaba cerca de 115 millones de euros a conciertos sanitarios, cantidad ampliada después en 2,6 millones mediante una modificación de crédito. La ADSPA recuerda que los conciertos son solo una vía: a ellos se suman la asistencia por medios ajenos, las terapias respiratorias, la diálisis, el transporte sanitario, las derivaciones y servicios no clínicos como lavanderías, cocinas, aparcamientos o mantenimiento. También el dinero público que llega a aseguradoras privadas a través de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).

Entre los ejemplos aragoneses, el informe destaca que la MAZ asume la atención de urgencias hospitalarias, incluida la hospitalización urgente, para una población superior a 11.000 habitantes, y que se han cedido consultas y pruebas de distintas especialidades para 56.000 habitantes del Sector I de Zaragoza. La asociación añade los convenios del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza con el Gobierno de Aragón para atención de media y larga estancia, hospital de día, hemodiálisis, cuidados paliativos y asistencia bucodental a personas adultas con discapacidad.

Plazas cubiertas por empresas

Otro capítulo es lo que el informe llama privatización de la cobertura de plazas. La ADSPA denuncia el aumento del gasto público en empresas que aportan profesionales a centros del sistema público, una fórmula que considera más cara y con menos control. Cita contrataciones de personal médico a través de Ribera Salud por hasta 3,2 millones de euros en 14 meses y el peso del grupo Quirón en la comunidad. La asociación rechaza que la falta de profesionales justifique estas fórmulas y responsabiliza al retraso de las oposiciones para plazas vacantes de Atención Especializada y Medicina de Familia.

Lo que pagan los hogares

La dimensión más cercana al bolsillo es el gasto sanitario directo. En Aragón asciende a 623,59 euros anuales por habitante, por encima de la media estatal de 566,40 euros y un 32,5% más que los 471 euros de 2014, aunque por debajo del dato de la serie anterior. El gasto en seguros privados llega a 235 euros por habitante frente a los 125 de hace una década, una subida del 88%. Además, el 4,7% de la población aragonesa está afiliada a mutualidades de funcionarios con cobertura privada, el porcentaje más alto entre los territorios comparados, y el 23,1% de las personas encuestadas había acudido a consultas privadas de Medicina de Familia.

La ADSPA relaciona estas cifras con las listas de espera y con la desigualdad: cita el informe FOESSA Aragón 2025, que sitúa en el 22,9% la población en exclusión social, y señala que el 13% de los hogares tiene dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos. Entre sus peticiones figuran plantillas estructurales públicas y actualizadas, convocatorias periódicas de plazas y la recuperación de la dedicación exclusiva en jefaturas y cargos directivos.