CGT lee en el pleno la alerta de un barrendero el día en que murió Fernando

La primera jornada de paros en la limpieza de Zaragoza llegó al pleno municipal con un documento incómodo: la queja que un trabajador del servicio trasladó a sus representantes sindicales el mismo día en que falleció un compañero atrapado por el camión de recogida que conducía. CGT la leyó en voz alta ante los concejales, según ha recogido elDiario.es Aragón.

"Que alguien deje claro en un juzgado que nos vamos a matar alguno más. No podemos con la carga de trabajo. Vamos pasados de velocidad para poder terminar el servicio", advertía el empleado en ese escrito, que también señalaba el uso de vehículos heredados de la anterior contrata y pedía medidas para evitar nuevos accidentes. El representante sindical Rubén Baigorri fue quien lo trasladó al salón de plenos.

El trabajador fallecido, Fernando, murió al quedar aprisionado por su camión después de bajarse del vehículo para revisar la parte mecánica trasera. Todos los grupos municipales expresaron sus condolencias a la familia. Conviene subrayar que, por el momento, no existe relación acreditada entre las denuncias sobre cargas de trabajo y las circunstancias concretas del accidente, que están por esclarecer.

Veinte meses sin convenio

La plantilla de la contrata lleva 20 meses negociando con FCC un convenio caducado desde finales de 2024. Los paros parciales de este miércoles se desarrollaron entre las 10.00 y las 13.40 horas y, si no hay acuerdo antes, se convertirán en huelga indefinida el 7 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar.

El salario es solo una parte del conflicto: los trabajadores reclaman recuperar poder adquisitivo perdido en los últimos quince años, mientras la empresa cifra su oferta en una subida acumulada del 9,4% para el periodo negociado. Junto a eso aparecen reivindicaciones muy concretas: de unos 1.400 empleados, solo alrededor de 950 tienen jornada completa, y los sindicatos piden reducir esa parcialidad, sobre todo entre quienes llevan años trabajando únicamente los fines de semana.

A ello se suman mejoras de conciliación, conocer las vacaciones con antelación, la jubilación parcial, el reconocimiento de categorías profesionales, permisos y vestuarios separados por sexos. "Esto es dignidad laboral básica", resumió la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás.

La moción no salió adelante

ZeC presentó una moción, transaccionada con el PSOE, que pedía a FCC atender las reivindicaciones de la plantilla y reclamaba al Gobierno municipal los informes elaborados por la Universidad de Zaragoza sobre el cumplimiento del pliego. Fue rechazada con los votos de PP, Vox y la concejal no adscrita Marisa Gaspar.

Tomás recordó que el coste anual del servicio ha pasado de 58,6 millones a unos 72,5 millones de euros y cuestionó si ese incremento se nota en las calles y en las condiciones laborales. El socialista Chema Giral apuntó que "algo no funciona bien" cuando cada año se destina más dinero y siguen las quejas en los barrios, criticó que el GPS mida la velocidad del servicio pero no la calidad de la recogida y pidió a la consejera que se reúna directamente con la plantilla.

Vox acusó a la izquierda de usar el conflicto para "armar jaleo" y su concejal David Flores renunció a terminar su intervención tras ser interrumpido desde la zona del público. Gaspar afirmó que los trabajadores "están engañados", aunque pidió al Ayuntamiento que medie.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, defendió la gestión municipal: "Estoy de acuerdo en el fondo, pero no en las formas". Reprochó ausencias sindicales en algunas mesas —Baigorri replicó que han pedido reuniones en seis ocasiones—, se mostró dispuesta a verse con la plantilla y aseguró que el Ayuntamiento seguirá fiscalizando el contrato, con posibles penalizaciones a la empresa si los controles detectan incumplimientos.

El Consistorio no es el empleador y no negocia el convenio, pero sí es titular de una de las mayores contratas municipales, valorada en más de 600 millones de euros a diez años. Mientras tanto, los sindicatos estudian impugnar en los tribunales los servicios mínimos fijados para los paros, que consideran abusivos, y la empresa ha denunciado sabotajes en vehículos durante la primera jornada.