Chueca dice que el 'decreto Maricarmen' frena un desahucio en un piso social de Parque Goya

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha responsabilizado al llamado "decreto Maricarmen" de la paralización de un desahucio previsto en un piso público del barrio de Parque Goya, en el distrito del Actur, ocupado sin permiso y origen de reiteradas quejas vecinales. El lanzamiento estaba señalado para el 12 de noviembre, el mismo día en que la norma salió adelante en la Diputación Permanente de las Cortes.

Qué denunciaban los vecinos

Según la información publicada por Heraldo de Aragón, la comunidad de propietarios del inmueble llevaba tiempo trasladando al Ayuntamiento su malestar por la situación del piso, propiedad de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. Entre los motivos alegados figuran el mal uso de las zonas comunes, ruidos y molestias continuadas y el incumplimiento tanto de las normas de convivencia como de las condiciones de arrendamiento.

Con esos antecedentes, la sociedad municipal activó el procedimiento para recuperar la vivienda y adjudicarla de nuevo dentro del parque público de alquiler. El desahucio estaba fijado para las 11.30 de la mañana de ese 12 de noviembre, pero no llegó a ejecutarse.

El cambio normativo, según el Ayuntamiento

Chueca atribuye de forma directa la suspensión del lanzamiento al cambio de marco legal aprobado ese mismo día. La alcaldesa sostiene además que el piso no podrá volver a ser adjudicado mientras la situación se mantenga, de modo que una vivienda destinada a familias con dificultades queda fuera del circuito de alquiler social.

El Consistorio añade otro reproche: considera que será el Gobierno de Aragón quien deba asumir el coste de los desperfectos ocasionados en el inmueble. Conviene distinguir aquí a las dos administraciones implicadas: la vivienda pertenece al patrimonio gestionado por el Ayuntamiento a través de Zaragoza Vivienda, mientras que la norma cuestionada es de ámbito autonómico.

Un parque público bajo presión

El episodio se produce en un momento de tensión en el mercado residencial zaragozano, con el alquiler libre en máximos y una demanda creciente de vivienda protegida. Cada piso del parque municipal que queda inmovilizado —por ocupación, por reformas pendientes o por litigios— tarda meses en volver a estar disponible para las listas de adjudicación. El debate sobre el acceso a la vivienda ha llegado también a la calle: en las últimas semanas, miles de personas se manifestaron en Zaragoza por la vivienda, y los datos de precios confirman la presión: el alquiler se ha encarecido un 8,4% en Aragón.

Qué queda por aclarar

De momento no se conoce una nueva fecha para el procedimiento ni la posición detallada del Gobierno de Aragón sobre la interpretación que hace el Ayuntamiento del decreto. Tampoco se ha detallado el alcance económico de los daños que, según el Consistorio, deberá cubrir la Administración autonómica.

El caso, en cualquier caso, abre un frente entre las dos administraciones sobre cómo gestionar las ocupaciones en viviendas públicas y sobre quién asume los costes cuando un piso social queda inutilizable.