Una madre y su hija de 11 años afrontan este martes un desahucio en Torrero

Una mujer y su hija de 11 años se enfrentan este martes a un lanzamiento judicial en el barrio de Torrero por impago del alquiler. La plataforma Stop Desahucios ha denunciado el caso, que llega después de que la familia perdiera el Ingreso Mínimo Vital y viera reducidos sus ingresos a unos 600 euros mensuales, según ha informado elDiario.es Aragón.

De 1.200 a 600 euros al mes

Según el relato de la plataforma vecinal, Esmeralda —víctima de violencia de género desde 2019 y con problemas de salud, según denuncian las entidades que la apoyan— compartía la vivienda con su hija menor, con otra hija mayor de edad y con dos nietos. Para sostener a cinco personas contaba con alrededor de 600 euros procedentes de trabajos temporales de limpieza, una cantidad que completaba con la prestación estatal hasta rondar los 1.200 euros al mes.

La situación cambió en 2025. La hija mayor y los dos menores abandonaron el domicilio y ella comunicó a la Seguridad Social la modificación de su unidad de convivencia. A partir de ahí, según Stop Desahucios, la prestación quedó suspendida y no se ha restablecido desde entonces. El resultado es una economía doméstica que ha pasado a depender únicamente de los ingresos irregulares de la limpieza.

El umbral de los 900 euros

El procedimiento judicial por impago arrancó en un momento en el que la mujer percibía a la vez la prestación por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital. Con esa suma, de acuerdo con la versión de la plataforma, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) no la incluyó entre los casos de especial vulnerabilidad, porque superaba el listón de 900 euros que fija la normativa autonómica para ese reconocimiento.

Cuando sus circunstancias empeoraron y sus ingresos cayeron a la mitad, su abogado pidió que se revisara la valoración. La respuesta, siempre según Stop Desahucios, fue negativa: el organismo autonómico entendió que ya existía un informe previo y no procedió a una nueva evaluación. Sin ese reconocimiento de vulnerabilidad, el juzgado mantuvo el calendario del desalojo.

El lanzamiento está señalado para las 10:00 horas de este martes. Vecinos y colectivos sociales han convocado una concentración de apoyo a las 09:00 en el mismo portal, una fórmula habitual de las plataformas antidesahucios para intentar frenar o retrasar la ejecución.

Coincidencia con el decreto estatal de vivienda

La fecha tiene una lectura añadida: el desalojo está previsto para el mismo día en que el Gobierno central tiene sobre la mesa la aprobación de su nuevo decreto de vivienda, un texto que contempla mecanismos de protección frente a determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Que ese paraguas llegue a tiempo para este caso concreto es otra cuestión, porque las medidas necesitan publicación y entrada en vigor.

El caso ilustra un problema recurrente en los expedientes de este tipo: el desfase entre la foto fija que toman los informes sociales y la realidad cambiante de los hogares. Una valoración hecha en el momento de mayores ingresos puede condicionar todo el procedimiento posterior, aunque la situación económica se haya deteriorado por el camino. A ello se suma el efecto en cadena de la suspensión de una prestación estatal cuando varía la composición del hogar, un trámite que en la práctica deja a familias sin ingresos durante meses.

Información elaborada a partir de la publicada por elDiario.es Aragón, que a su vez cita a la plataforma Stop Desahucios y al medio AraInfo.