El informe jurídico del Tiro de Pichón urge a reclamar ya la deuda millonaria

El informe jurídico que el Gobierno municipal de Zaragoza esperaba para zanjar la polémica del Tiro de Pichón deja un mensaje doble: sostiene que la deuda del club con el Ayuntamiento no ha prescrito, pero recomienda reclamarla ya y de forma expresa para asegurarse de que el plazo se interrumpe. El documento lo firma el director general de la Asesoría Jurídica municipal, Francisco Rivas Tena, y ocupa 13 páginas.

Qué propone el documento

La Asesoría Jurídica plantea que, «dado el tiempo transcurrido», el Consistorio adopte una reclamación de devolución «ad cautelam». En la práctica, se trataría de notificar formalmente al club deportivo que el procedimiento está suspendido y, en ese mismo acto, hacerle un requerimiento extrajudicial de pago del dinero cobrado indebidamente, «siquiera a cuenta». El objetivo es explícito: interrumpir la prescripción y reiniciar el cómputo, despejando las dudas sobre interrupciones anteriores.

El informe añade un incentivo para el club: advertirle de que adelantar el pago le permitiría rebajar los intereses de la liquidación final.

Las cifras, por primera vez

El documento detalla lo que el Ayuntamiento abonó al Tiro de Pichón: 9.643.015,86 euros de principal en tres pagos —junio de 2009, diciembre de 2018 y junio de 2019— más unos 243.000 euros en intereses de demora liquidados en 2016. La devolución no alcanzaría todo ese importe, sino la parte correspondiente a los 10.771 metros cuadrados cuya expropiación anuló el pleno, dentro de una parcela de 11.799 metros junto al Ebro.

El texto revela además que el Consistorio tiene pendientes de pago al club unos 2,7 millones de euros en intereses por el retraso en el abono del justiprecio. El consejero de Urbanismo y portavoz, Víctor Serrano, atribuyó esa situación a una decisión de la anterior consejera de Hacienda, María Navarro.

Cinco o quince años, pero desde 2021

Sobre la prescripción, la Asesoría Jurídica considera que el crédito municipal es patrimonial y no público, por lo que se rige por el Código Civil y no por la Ley General Presupuestaria. No se pronuncia entre un plazo de cinco o de quince años, pero en ambos casos lo cuenta desde el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro del 15 de diciembre de 2021, que declaró públicos esos terrenos. Apunta también que el plazo pudo quedar interrumpido por el acuerdo plenario de octubre de 2022 —aunque habla de su «eventual eficacia»— y por el propio recurso del club.

Lectura del Gobierno y réplica de la oposición

Serrano presentó el informe apenas una hora después de recibirlo y defendió que el Gobierno actuó «jurídicamente bien» al no resolver el recurso de reposición que el club presentó el 2 de diciembre de 2022 contra la anulación de la expropiación, todavía sin respuesta. Calificó de «falacia» las acusaciones de haber dejado prescribir la deuda y aseguró que el Ayuntamiento reclamará «hasta el último céntimo» cuando haya sentencia firme. El litigio del club contra el deslinde sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pendiente de votación y fallo desde mayo de 2024.

La concejala socialista Marta Aparicio replicó que el informe «debería de llevar hecho cuatro años» y criticó que la suspensión se haya producido por silencio administrativo, sin exigir aval ni garantía al club. Advirtió de que, si la entidad desaparece o cambia de nombre, el Ayuntamiento no recuperaría una deuda que el PSOE cifra en más de 12 millones. Zaragoza en Común, por su parte, ha registrado la petición de un pleno extraordinario en quince días, según trasladó el concejal Suso Domínguez.

Medio siglo de historia

El origen está en 1975, cuando la antigua Comisaría de Aguas del Ebro autorizó al club a verter escombros en la ribera para protegerse de las crecidas, advirtiendo de que el terreno ganado al río seguía siendo dominio público. En 2007, con las obras de riberas de la Expo, el Ayuntamiento expropió esa franja. El Tribunal Supremo elevó el justiprecio en 2016 y, tras un intento fallido de revisión en 2018, el deslinde de la CHE permitió que el pleno declarase la nulidad parcial de la expropiación por unanimidad en octubre de 2022.

Información elaborada a partir de la publicada por elDiario.es Aragón.