Hacienda defiende cargar sueldos de asesores a los fondos europeos del Huerva

El Gobierno municipal de Zaragoza defendió este martes en la Comisión de Hacienda que imputar a dos proyectos financiados con fondos europeos parte de los sueldos de personal eventual, responsables de comunicación y altos funcionarios se ajusta a las reglas de las convocatorias. La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, respondía así a la interpelación de la portavoz socialista, Marta Aparicio, según ha informado elDiario.es Aragón.

La polémica afecta a dos subvenciones concedidas en 2022 y 2023 para actuaciones en el entorno del río Huerva, por un importe conjunto superior a cinco millones de euros y financiadas a través de la Fundación Biodiversidad. El Ayuntamiento ha recurrido las liquidaciones definitivas después de que el organismo rechazara una parte de los gastos presentados.

Qué dice el PSOE

Aparicio explicó que, a partir de los expedientes, las primeras liquidaciones provisionales dejaron fuera un volumen muy alto de gasto. En el proyecto de mejora de la biodiversidad del entorno del Huerva solo se aceptaron en un primer momento unos 165.000 euros de más de 3,5 millones justificados; en el de restitución paisajística, alrededor de 1,3 millones de los más de tres millones presentados.

Tras aportar documentación complementaria, la Fundación acabó admitiendo en torno a 3,1 millones en uno de los proyectos y algo más de 1,2 millones en el otro. Se mantuvieron, sin embargo, varias minoraciones: actuaciones que no llegaron a ejecutarse y, sobre todo, una discrepancia de fondo sobre los gastos de personal.

Ahí puso el foco la portavoz socialista, que cifró en más de 450.000 euros los salarios de personal de confianza del Gobierno municipal cargados a las ayudas. Citó puestos de confianza de Urbanismo, personal eventual de Comunicación —en algunos casos con el sueldo anual completo—, altos funcionarios, la directora de Comunicación del Ayuntamiento e incluso parte de la retribución de la propia Solans.

Aparicio dejó claro que no discute que el Consistorio recurra para intentar recuperar el dinero rechazado, y repitió que respalda la defensa de los intereses municipales. Su crítica se centró en la gestión y en cargar a proyectos europeos nóminas que ya están en la estructura ordinaria del Ayuntamiento: «Si cobra igual todos los meses, si está en el presupuesto, no entiendo qué necesidad tienen de imputar un montón de miles de euros del sueldo de la directora de Comunicación a esta subvención».

La respuesta del Gobierno municipal

Solans rechazó esa lectura. Según la consejera, las bases de las ayudas permitían imputar los recursos humanos destinados al proyecto y no excluían al personal eventual, de modo que no se trata de una irregularidad ni de una práctica excepcional. «Para la Unión Europea, para los reglamentos, ninguno de estos puestos es peyorativo imputarlos a un proyecto europeo», afirmó.

Añadió que el Ayuntamiento ni siquiera agotó el porcentaje máximo de gastos de personal que podía imputar y que los puestos de Comunicación estaban cubiertos por el plan de comunicación incluido en los proyectos.

Sobre el elevado rechazo inicial de gastos, la consejera lo atribuyó a que Zaragoza se enfrentaba por primera vez a una convocatoria de esta entidad, con un estándar documental muy exigente: «La Fundación Biodiversidad es excesivamente burocrática en la exigibilidad de los documentos a presentar», dijo, aunque matizó que esa exigencia «no es mala».

El recurso y lo que viene

El Gobierno municipal sostiene que el problema no está en haber incluido gastos de personal, sino en que la Fundación cambió después el criterio sobre qué gastos eran elegibles, pese a que las memorias recogían esos recursos humanos y algunas liquidaciones iniciales los reconocieron. Durante agosto, los servicios municipales estudiaron incluso qué vía jurídica emplear, porque —según su versión— las resoluciones no incluían pie de recurso.

Solans aseguró además que Zaragoza no sería el único municipio afectado por discrepancias de este tipo y defendió que las tareas las asumiera personal propio frente a la externalización habitual en la gestión de fondos europeos, a la que atribuyó parte de los problemas en la verificación de los expedientes.