Los decretos de vivienda permitirán prorrogar 47.665 alquileres en la provincia de Zaragoza

Los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España el pasado martes afectarían a 64.272 contratos de alquiler en Aragón, que podrían acogerse a una prórroga obligatoria de dos años. La mayor parte de esos contratos están en la provincia de Zaragoza, con 47.665, según los cálculos difundidos por la Delegación del Gobierno y recogidos por Aragón Digital. Las medidas, sin embargo, siguen pendientes de validación: el Congreso de los Diputados las vota este viernes.

Qué dice la prórroga obligatoria

La medida se dirige a los contratos de arrendamiento que vencen antes de 2029 y permite alargarlos dos años más sin que el propietario pueda dar por terminada la relación. En el reparto territorial aragonés, a los 47.665 contratos de la provincia de Zaragoza se suman 11.467 en Huesca y 5.140 en Teruel.

En el conjunto de España la cifra alcanza 1.895.676 contratos: 751.166 terminan en 2026, 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028. El Ejecutivo, partiendo del dato del INE de 2,5 personas por hogar de media, estima que unos cinco millones de personas serían "las posibles beneficiadas".

Congelación de precios y tope del 2%

El segundo bloque de medidas toca directamente al bolsillo mensual. Los alquileres cuyo precio supere el máximo que marca el índice estatal de referencia quedarán congelados y no podrán actualizarse hasta 2028. Los que estén dentro de los valores de mercado solo podrán subir un máximo del 2% anual.

En Aragón, esa limitación alcanza a 83.100 contratos de vivienda a precio de mercado, en los que viven 231.600 personas. De ese total:

• 29.500 contratos (el 35,5%) quedarían congelados, con 82.200 personas afectadas.
• 53.600 contratos (el 64,5%) tendrían la subida limitada al 2%, y afectan a 149.300 personas.

La Delegación del Gobierno cifra el ahorro conjunto para los inquilinos aragoneses en 12,9 millones de euros al año: 8,8 millones procederían de la congelación de los precios más altos y 4 millones del tope del 2% para el resto.

El peso de Zaragoza

El grueso del efecto se concentra en la provincia de Zaragoza, donde el Gobierno calcula 180.000 personas potencialmente beneficiadas, frente a 35.200 en Huesca y 16.400 en Teruel. Los datos se publican por provincias, así que no hay desglose por municipios ni por barrios, pero la proporción habla por sí sola: la mayoría del parque de alquiler aragonés está en la capital y su entorno, donde se concentran también las mayores tensiones de precio.

Para un inquilino zaragozano, lo práctico es sencillo: si el contrato vence en los próximos tres años, podría estirarlo dos más; y si la renta está por encima del índice estatal, la actualización quedaría bloqueada hasta 2028.

Pendiente del Congreso

Nada de esto es firme todavía. Los decretos leyes, elaborados tras las movilizaciones por la crisis de vivienda del fin de semana anterior, deben superar la votación de convalidación en el Congreso. Si no obtienen respaldo, las medidas decaen y los contratos vuelven al régimen anterior.

El paquete incluye otras actuaciones ya conocidas, entre ellas la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional hasta 2030, que también tendría aplicación en la ciudad.

Conviene recordar que la vivienda se reparte entre administraciones: el marco normativo del alquiler corresponde al Estado, la política de vivienda protegida y el registro de arrendamientos recaen en el Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento de Zaragoza interviene sobre todo en suelo, licencias y ayudas a la rehabilitación. Los datos de este artículo proceden de la información publicada por Aragón Digital a partir de las estimaciones del Gobierno de España.