El decreto de vivienda permite frenar desahucios sin alternativa hasta 2030

Tener una sentencia de desahucio deja de significar automáticamente la salida inmediata de la vivienda. El nuevo decreto de vivienda del Gobierno central, ya publicado en el BOE, habilita a los tribunales para suspender determinados lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad que no tengan otro sitio donde vivir, con un horizonte temporal que llega hasta el 31 de diciembre de 2030.

La medida afecta de lleno a muchos hogares zaragozanos que arrastran procedimientos abiertos, en barrios donde los servicios sociales municipales llevan años acompañando casos de pérdida de vivienda. No es una moratoria general: la norma acota con precisión a quién protege y en qué circunstancias.

Qué cambia respecto al borrador

El texto definitivo amplía el alcance de lo que el Ejecutivo había planteado en un primer momento. El borrador previo fijaba el final de esta protección en 2028 y la versión aprobada la estira dos años más. Es, según recoge Aragón Digital, uno de los cambios de mayor calado entre el anteproyecto y la redacción final.

La otra clave es el momento procesal en el que puede activarse el freno. Hasta ahora, una resolución judicial firme que ordenaba recuperar el inmueble marcaba el final del recorrido para el inquilino u ocupante. Con el decreto, si el lanzamiento todavía no se ha ejecutado y concurren los requisitos, el tribunal puede detener el procedimiento pese a existir esa resolución.

A quién alcanza la suspensión

El régimen no cubre cualquier desahucio. La suspensión hasta 2030 se aplica a procedimientos en los que quien reclama la vivienda es una entidad dedicada a la adquisición de inmuebles o de carteras de préstamos hipotecarios impagados, en los términos que fija la propia norma. Es decir, apunta a grandes tenedores y fondos, no al pequeño propietario particular.

Además, la persona afectada debe acreditar dos extremos:

• Encontrarse en situación de vulnerabilidad conforme a los criterios establecidos.
• Carecer de alternativa habitacional.

Sin esos dos requisitos documentados, la protección no se activa y el procedimiento sigue su curso ordinario.

Dos meses para dar una salida en los impagos de alquiler

El decreto refuerza también el terreno de los desahucios por impago de la renta. Cuando se acredite vulnerabilidad económica, la Administración competente dispondrá de un plazo máximo de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o, en los supuestos que contempla la norma, asumir las cantidades reclamadas al arrendador.

Ese punto traslada parte de la carga a las administraciones que gestionan vivienda social y ayudas de emergencia. En el caso zaragozano, eso implica al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, cada uno en su ámbito de competencias, y a un parque público de alquiler cuya escasez es un problema reconocido desde hace años.

Un debate abierto en la ciudad

La tramitación del decreto ha tenido eco en la política municipal zaragozana. Zaragoza en Común condicionó su apoyo al decreto de vivienda y ha insistido en medidas como el recargo del IBI a los pisos vacíos. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas convocó movilizaciones por el precio del alquiler en la ciudad.

La dimensión más concreta del asunto se ve en casos como el de una madre y su hija ante un desahucio en Torrero, situaciones en las que la existencia o no de alternativa habitacional decide el desenlace. Con la nueva norma, esa variable pasa a tener efectos jurídicos directos sobre el calendario del lanzamiento.

Información elaborada a partir de la publicada por Aragón Digital sobre el decreto de vivienda recogido en el BOE.